El trabajo no está exento de filias y fobias en la valoración de algunos sucesos que relata, pero tiene el mérito de describir lo limpio y lo sucio, lo eficaz y lo fallido, lo noble y lo cínico, lo patriótico y lo canallesco del sistema político mexicano durante la última centuria. O sea: las virtudes y los vicios humanos, con las especificidades del quehacer nacional.
Pero los lectores de esa obra, profunda e ilustrativa, hallarán en sus p
áginas 375 y 376 UNA CONDENA HISTÓRICA INJUSTA, ABSOLUTAMENTE INJUSTA.
Hay dos circunstancias que mitigan cualquier culpa del autor: una, la torpeza del gobierno para informar lo que hizo, dando lugar a suposiciones y suspicacias; otra, que Romero Apiz se concreta a repetir lo propalado desde hace 21 años por quienes no presenciaron los hechos ni tuvieron participación directa o indirecta en ellos, pero el infundio se convirtió en “verdad histórica”.
La imputación, expresada sucintamente, consiste en que el presidente Zedillo hizo una transacción partidista con la PGR; que decidió regalarla al PAN, primero en la persona de Diego Fernández de Cevallos y después, por la negativa de éste y “aburrido de tanta búsqueda”, envió a los panistas el nombramiento “en blanco”, para que ellos “lo llenaran a su antojo y gana”, ante lo cual “Fernández de Cevallos anotó el nombre de Antonio Lozano”.
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