Ningún hecho político trascendente ha tenido lugar en este país, durante los últimos treinta años, que no fuera previamente autorizado o decidido por el rey Juan Carlos I. La defenestración de Arias Navarro, el nombramiento de Adolfo Suárez, las conversaciones con Santiago Carrillo, la legalización del PCE, la dimisión del primer presidente de la democracia, el 23-F, el Juicio de Campamento, los GAL, las misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior, el apoyo logístico a la Primera Guerra del Golfo, los nombramientos de la mayoría de los ministros y de todos los de Defensa, las conversaciones con ETA… etc., etc., son quizá los más importantes, pero no los únicos, en los que el inefable inquilino de La Zarzuela ha intervenido directamente haciendo valer una autoridad y un poder personal que en absoluto contempla la Constitución.
Podríamos decir por lo tanto, sin exageración alguna, que el 22 de noviembre de 1975 una nueva dictadura más sutil, de rostro más amable, enmascarada en unas formas democráticas aceptables para Europa y la comunidad internacional pero quizá más perversa y engañosa por actuar en la clandestinidad de palacios y altos despachos, sucedió a la anterior del yugo y las flechas.
Apoyada en el propio Ejército franquista (que actuaría a partir de entonces de sólido valladar ante las aspiraciones de los políticos verdaderamente demócratas), en los todopoderosos servicios de Inteligencia de las FAS (que transformarían al heredero de Franco en el hombre mejor informado del país) y también en el pánico cerval del pueblo español a tener que enfrentar una nueva guerra civil.
