La represión de los habitantes de Atenco marcó con plomo el inicio de la gestión peñista. La ineficacia ministerial en el caso de la niña Paulette mostró los límites de un gobierno telegénico. Las dudas en torno a la muerte de la esposa, Mónica Pretelini, evidenciaron las contradicciones del gobernante.
La red de protección en torno al grupo Atlacomulco y la familia Hank Rhon demostraron hasta dónde llegaban los intereses encubiertos. Proceso documentó a lo largo de estos seis años la otra cara de la fábula rosa que se promovió en todo el país. Los textos que a continuación se compilan en los 6 capítulos de este libro constituyen el lado oscuro del reality show y de la cargada adelantada que encumbraron a Peña Nieto antes del proceso electoral federal.
A la memoria se pueden recordar al menos trece episodios que oscurecen su biografía política y personal, y que lo exponen como un personaje enrevesado en lugar de la imagen traslúcida que le han creado a base de una estrategia de mercadotecnia en la cual le cuidan hasta el maquillaje que utiliza en los actos públicos.
El primero de estos episodios es el de su tío Arturo Montiel, quien le heredó el puesto de gobernador en el Estado de México. En octubre del 2005, cuando buscaba la candidatura presidencial, su contrincante Roberto Madrazo lo acusó de presunto enriquecimiento ilícito de más de 6 millones de dólares en diversas propiedades en México, Francia y España. Peña Nieto, como gobernador, lo eximió de toda responsabilidad tratando de tapar el escándalo con una investigación a modo.
Luego aparecería el caso de la muerte de su esposa Mónica Pretelini, en enero del 2007, bajo circunstancias escabrosas que apuntaban a la irresponsabilidad de Peña Nieto por no llevarla a que la atendieran de inmediato de una crisis convulsiva de origen epiléptico. A pesar de ser el mandatario mexiquense tardó mucho tiempo en atenderla, primero la llevaron al Centro Médico del Instituto de Seguridad Social del estado de México y Municipios (Issemym) ubicado en Metepec, y horas después, en ambulancia terrestre, al Hospital ABC en la ciudad de México, donde falleció.
Vendría luego el caso de Atenco, en mayo del 2007. Peña Nieto mostró la mano dura y policiaca para resolver un conflicto social generado por el gobierno de Vicente Fox con el proyecto de construir el nuevo aeropuerto en tierras comunitarias de este pueblo. La represión tuvo como resultado la detención de 207 personas, 146 detenciones arbitrarias, la expulsión de cinco extranjeros y quejas contra elementos policiacos por presuntas vejaciones y violaciones sexuales a 26 mujeres.
Posteriormente, llegaría el caso de Paulette Gebara Farah, la niña de cuatro años desaparecida el 22 de marzo del 2010 en Interlomas y cuyo cadáver fue hallado diez días después entre las cobijas de su cama. La investigación estuvo tan mal hecha que Peña Nieto y su equipo de justicia, Alfredo Castillo y Alberto Bazbaz Sacal, fueron acusados de ocultar a los verdaderos responsables de la muerte de la niña que estaban en el gobierno mexiquense. Los feminicidios mostraron otra faceta oscura del gobierno peñista al final de su periodo. A pesar de la alta incidencia de asesinatos a mujeres, casi mil del 2005 al 2010, la solicitud de organizaciones sociales de alerta de género en el territorio mexiquense fue rechazada en 2011 en la reunión del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, pues los gobiernos del PRI apoyaron el argumento del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social mexiquense de que se trataba de una estrategia para afectar la imagen de Enrique Peña Nieto, gobernador de la entidad, en miras a las elecciones federales mexicanas de 2012. El gasto de campaña presidencial de Peña Nieto es otra de las etapas oscuras de su carrera política y personal. Cuando su tío Montiel fue descubierto con una riqueza inexplicable Peña heredó el contrato por 346 millones de pesos con Televisa para hacerle una figura mediática atractiva que incluía el casamiento con Angélica Rivera, notas informativas y entrevistas a modo y una campaña electoral desde las pantallas de televisión.
El 27 de noviembre del 2010 Peña Nieto y la actriz de telenovelas Angélica Rivera, conocida como La Gaviota, se casaron, pero detrás de las nupcias había contratos de manutención y vivienda. Para entonces aspirante presidencial, el gobernador mexiquense tenía una cauda de relaciones con varias mujeres con algunas de las cuales tuvo descendencia como fue el caso de Martiza Díaz Hernández y Yessica de La Madrid que trabajaba en relaciones públicas de Televisa. En esta zaga de historias borrascosas saldría a la luz el escándalo de la “Casita Blanca” de la actriz Angélica Rivera valuada en 86 millones de pesos, construida sobre dos propiedades, una de ellas “donada” por Televisa y la otra adquirida en “abonos” al amigo de Peña y dueño de la constructora del Grupo Higa. Dicha empresa propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, quien también alquiló aeronaves al PRI para la campaña presidencial de 2012, a través de su filial Eolo Plus, llevó a cabo obras millonarias para el Estado de México, cuando Peña Nieto fue su gobernador. El financiamiento de su campaña a través de la triangulación de millones de pesos por el banco Monex es otro de los episodios oscuros de la trayectoria política de Peña Nieto que hoy se oscurece más con la mayor crisis de gobernabilidad y de derechos humanos que hayan tenido los últimos gobiernos. Los más recientes episodios que se suman a los escándalos políticos y personales de Peña son los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa que reflejan no sólo la incapacidad de gobernar, sino la imposibilidad de ocultar la participación del ejército en ambos casos que hoy tienen a su gobierno en la picota de la peor crisis política.
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